El pleno
del Congreso de los Diputados ha aprobado esta tarde la reforma de la Ley de
Montes de 2003, con el único voto en contra del Grupo Popular. El fin
primordial de la norma es mejorar la eficacia en la lucha contra los incendios
forestales provocados. El proyecto, que se tramitará ahora en el Senado, crea
una Fiscalía especial para perseguir delitos ambientales, pone en marcha de
un Fondo para el Patrimonio Natural, convierte a los guardas forestales en
agentes de la autoridad y, lo más importante, prohíbe cambiar el uso
forestal del suelo quemado para convertirlo en urbanizable durante al menos 30
años después de producirse el incendio con el fin de luchar contra la
especulación.
El pleno
del Congreso ha aprobado el proyecto -que incorpora 40 enmiendas de los grupos
parlamentarios- por 187 votos a favor, 135 en contra y una abstención. Según
el diputado del PSOE Sebastián Quirós, la ley "incluye un elemento
preventivo para evitar desde el principio el incendio y desincentivar que haya
más". Por su parte, la portavoz del PP en la Comisión de Medio
Ambiente, María Teresa de Lara, ha criticado la propuesta por suponer
"una clara intromisión de las competencias autonómicas". Esta
opinión también la han mostrado los grupos catalanes, Convergencia i Unió
(CiU), Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) e Inicitiva per
Catalunya-Verds, a lo que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha
contestado que "la normativa se ha redactado con exquisita atención a
las competencias de las comunidades autónomas".
La nueva
Ley de Montes establece, además, la creación de una Fiscalía especial
contra delitos ecológicos que tendrá como función principal intervenir en
los procesos penales de delitos medioambientales. Esta nueva figura también
se encargará de coordinar las fiscalías de Medio Ambiente y de elaborar un
informe anual, que se incorporará a la Memoria del Fiscal General del Estado.
Refuerzo
de los agentes forestales
Según
establece el proyecto de la nueva ley, los agentes forestales pasarán a ser
considerados "agentes de la autoridad". De este modo, tendrán la
capacidad de intervenir en funciones para mejorar el control y la investigación
de los delitos de incendios forestales, según ha explicado Narbona.
El
proyecto de Ley forma parte de las medidas prometidas por el Ejecutivo después
de sufrir uno de los peores veranos que se recuerdan en cuanto a superficie
quemada y que tuvo su peor momento en el incendio del Alto Tajo, en
Guadalajara, donde perdieron la vida 11 personas. Así lo ha indicado la
ministra Narbona, quien ha asegurado que el proyecto "responde al
compromiso del Gobierno de prevenir y luchar mejor contra los incendios
forestales".
