“No hay progresos y sufrimos nuevos
hechos de contaminación en los cursos de agua”, advirtieron vecinos de
Los Corralitos, que luchan para que fábricas conserveras de la zona cesen
el vertido de residuos líquidos. A unos 500 metros de la ruta que va a
Lavalle, conocida como Severo del Castillo, en la calle Infanta Isabel, denunciaron
que descubrieron nuevos residuos tóxicos en los cauces de riego.
Tanto Mónica
Fernández como Eduardo Vaqués Correa comprobaron el nocivo vuelco de
sustancias prohibidas, por lo que decidieron llamar a la Policía del
Agua, del Departamento de Irrigación. “Los inspectores demoraron un día
en hacerse presentes para tomar las muestras y todavía no tenemos los
resultados”, dijeron los damnificados, quienes reclaman la solución al
problema desde hace más de cuatro años.
Inclusive el caso llegó a la Presidencia de la Nación, con intervención
de los ministerios de Salud y de Justicia y Derechos Humanos.
“Nosotros sabemos que las plantas fabriles, que son seis o siete, son
imprescindibles por el trabajo que dan a muchas personas en la zona, pero
les pedimos que eviten el vertido de aguas que envenenan las napas freáticas,
que sirven para el riego de las verduras y hortalizas que se consumen en
el Gran Mendoza”, manifestaron algunos de los afectados.
En esa línea, los damnificados añadieron: “Queremos volver a
Corralitos, donde valía la pena vivir cuando había verduras sanas, ranas
y cangrejos en los cauces, y no soda cáustica, ácido sulfúrico u otros
venenos que dañan nuestra salud”.
Además, hay presentaciones en diversos ámbitos relacionados con la
aparición de cáncer y otras patologías por la presencia de los
contaminantes en los caudales líquidos que pertenecen a Irrigación.
El estudio que no fue
Los damnificados quieren que las plantas fabriles se conecten al sistema
cloacal, para evitar los derrames. Otra posibilidad, admitida por el
secretario de Obras Públicas de Guaymallén, Roberto Suárez, es estudiar
una solución similar a la del canal Pescara, claro que salvando las
distancias entre uno y otro emprendimiento, y señalando que en este caso
sería un proyecto de menor envergadura.
Por otra parte, y a pesar de que hay intervención en esta denuncia
ambiental de organizaciones como Oikos y Greenpeace, todavía no se sabe
cuál es la dimensión de la contaminación. Por eso, en abril de este año
el Concejo Deliberante de Guaymallén -por iniciativa del demócrata Jesús
Riesco- pidió al Ejecutivo que encabeza Juan Manuel García, la realización
de un estudio de agua, aire y tierra, para determinar si hay elementos que
estén afectando la salud de los vecinos y de dónde provienen.
El área a investigar se sitúa en la ruta provincial 20, entre las calles
Severo del Castillo y Mitre. Pero, ayer el concejal Jesús Riesco, admitió
que no tenía información de que se hubiera realizado ese estudio. Hoy o
mañana, el edil prometió pedir información del estado de la investigación
requerida.
En su momento, se sugirió que lo hicieran el Cricyt, la Facultad Regional
de Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Nacional de
Cuyo. Además, el propio secretario de Obras Públicas departamental señaló
que no estaba informado sobre la realización de este trabajo. Lo cierto
es que según todas las evidencias, el análisis no se realizó, pese a
haber sido requerido el 21 de abril.
Los residentes sostienen que los propietarios de los establecimientos los
eluden con evasivas o señalando que las inversiones para parar la
contaminación son muy onerosas y que deberían contar con un subsidio
para iniciar las acciones de mitigación y protección del medio ambiente.
Sobre este punto una ama de casa de la zona, ayer resumió: “No queremos
que se vayan, pero que trabajen sin dañar la salud de los pobladores, en
especial de los niños, y de todo ser vivo, porque plantas y animales domésticos
y de trabajo también resultan afectados”.
