Retienen
los nueve contenedores con uranio en Puerto Bs. As. Argentina
Lo
dispuso el gobierno porteño ante una resolución de la Defensoría por un
pedido de Greenpeace
Personal del gobierno porteño en el depósito
de la empresa Tefasa, donde están alojados los contenedores
Nueve
contenedores de uranio que tienen como destino final la provincia de Córdoba
quedaron retenidos en el puerto de Buenos Aires, luego de que el gobierno de la
ciudad hiciera lugar a una presentación de la asociación ambientalista
Greenpeace ante la Defensoría del Pueblo porteña por la presunta violación
del artículo 26 de la Constitución de la ciudad, que prohíbe "el
ingreso, la elaboración, el transporte y la tenencia de sustancias y residuos
radiactivos".
El cargamento había ingresado en el puerto de la ciudad el jueves último e iba
a ser trasladado vía terrestre a la planta que la empresa Dioxitek SA posee en
Alta Córdoba para la elaboración de dióxido de uranio, materia prima para la
producción del combustible nuclear de las centrales atómicas de Atucha I y
Embalse.
Anteayer, a raíz de una presentación realizada por Greenpeace, la Defensoría
del Pueblo de la ciudad resolvió recomendar al jefe de gobierno, Jorge
Telerman, adoptar las medidas necesarias "a fin de evitar que se utilice el
territorio de la ciudad para el almacenamiento y transporte de sustancias
radiactivas".
Una vez recibido el informe de la Defensoría, Telerman ordenó a la Prefectura
Naval que impidiera el traslado de la carga mediante su retención en un depósito
fiscal.
"Hasta que no se acredite que el material no es radiactivo, los cargamentos
van a permanecer en el puerto", indicaron a LA NACION fuentes del gobierno
de la ciudad.
Distintas voces
El artículo 26 de la Constitución porteña prohíbe "la producción de
energía nucleoeléctrica y el ingreso, la elaboración, el transporte y la
tenencia de sustancias y residuos radiactivos". La norma también establece
que se regulará mediante reglamentación especial, "las gestiones que sean
requeridas para usos biomedicinales, industriales o de investigación
civil".
"Nuestro objetivo es que se cumpla la prohibición acerca del tránsito de
material nuclear en la ciudad, que frecuentemente es ignorada por las
autoridades de regulación nuclear", destacó Juan Carlos Villalonga,
director político de Greenpeace.
Por su parte, desde la empresa argumentan que su actividad estaría contemplada
en las excepciones del artículo 26, al tratarse de uranio natural para uso
industrial. "Nosotros cumplimos con todas las exigencias. Tenemos la
autorización de la Aduana y de la autoridad regulatoria nuclear", afirmó
a LA NACION Gustavo Navarra, directivo de Dioxitek.
Y agregó: "Es una práctica normal que realizamos dos veces por año".
Algo similar afirmó Diana Raab, la directora de Ambiente de Córdoba, quién
destacó que estos traslados "se hacen desde hace diez años. Es algo que
se realiza normalmente. En Córdoba no tenemos objeciones y no hay
impedimentos".
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El
cargamento de uranio sigue retenido en el puerto de Buenos Aires
En
el Gobierno porteño dijeron que los contenedores con la sustancia no serán
liberados hasta que se determine si son peligrosos. Mientras tanto, la empresa
importadora del material advirtió que si la carga no llega a su destino
final, las centrales de Atucha y Embalse, podría haber
"desabastecimiento en el sistema eléctrico nacional".
El cargamento de uranio, que
permanece retenido en el puerto de Buenos Aires desde el viernes pasado, no
será liberado hasta tanto se determine si es peligroso.
Así lo aseguraron fuentes del Gobierno porteño, que explicaron que los
documentos presentados hasta el momento por Dioxitec SA –la empresa
importadora de la sustancia- son insuficientes para determinar
si el cargamento es riesgoso o no.
Asimismo, la Autoridad Regulatoria Nuclear todavía no informó sobre el
resultado del peritaje que se realizó sobre la carga para determinar su nivel
de radioactividad.
Por su parte, la compañía importadora del uranio lanzó una advertencia. Dijo
que si el material no llega a su destino en la provincia de Córdoba "podría
haber desabastecimiento en el sistema eléctrico nacional".
"Si el cargamento varado no llega a la planta de Alta Córdoba en un par de
meses, se vería seriamente afectado el sistema de energía que provee Atucha y
Embalse, ya que producen entre el 10 y el 15 por ciento de la energía eléctrica
del país", dijo el gerente de planta de Dioxitec, Carlos Giovanetti.
Giovanetti indicó además que "el cargamento no es de residuos
radioactivos, sino una materia prima de uso médico o industrial".
Por ello, explicó que "lo que se realiza en Córdoba es parte del ciclo de
combustibles nucleares de la Argentina, ya que hacemos la conversión del
material al dióxido de uranio y en Ezeiza (donde está ubicada otra planta del
sistema) se arman las pastillas, que son el combustible de las centrales
nucleares".
"Estas pastillas son contenidas en varas de acero inoxidable y su destino
final es la fabricación del combustible nuclear de las centrales atómicas de
Atucha y Embalse", precisó.
El Gobierno porteño pidió ayer a Prefectura Naval que impidiera la salida del
puerto de nueve contenedores de uranio para que no circularan
por la ciudad de Buenos Aires. Lo hizo ante una resolución de la Defensoría
del Pueblo, por un pedido de la organización ecologista Greenpeace.
Si bien el gobierno de la Ciudad no tiene jurisdicción sobre el puerto, para
llegar a Córdoba por tierra, el uranio debería circular obligatoriamente por
territorio porteño, una cuestión que Greenpeace denunció como
inconstitucional.
La afirmación fue respaldada por la Defensoría del Pueblo y el gobierno de
Buenos Aires, citando el artículo 26 de la Constitución porteña que prohíbe
"la elaboración, el transporte y la tenencia de sustancias y residuos
radioactivos" en la jurisdicción.
Sin embargo, fuentes de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
afirmaron que en este caso "no se está violando ninguna constitución,
porque no es un material radiactivo ni un residuo"
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