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Francia se enfrenta a Holanda por un vertido tóxico en Costa de Marfil

El pasado mes de mayo acababa el calvario del buque Clemenceau tras meses de un lado a otro esperando un lugar en el que reposar. Tras los intentos infructuosos del gobierno galo para conseguir que países como India, en los que las leyes ambientales brillan por su ausencia, se encargaran del desguace de este portaaviones, al final el Clemenceau regresó a casa.

Ahora Francia se indigna al conocer que un buque de bandera holandesa, el "Probo Koala", perteneciente a la empresa Trafigura Beheer BV, ha provocado un vertido tóxico que se ha saldado con tres muertos, cientos de personas hospitalizadas y una importante crisis política en Costa de Marfil, otro país que no destaca precisamente por su protección medioambiental.

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Es decir, que a Francia le horroriza que sean otros los que hagan lo mismo que ella hace: enviar sus chatarras peligrosas a países tercermundistas para evitar tener un problema en su territorio y 'largarle' el problema a otros.

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha anunciado la apertura de una investigación a solicitud del Gobierno de Costa de Marfil para determinar el origen de los desechos tóxicos vertidos en una zona muy poblada de Abiyán, la capital comercial de ese país.

El vertido tuvo lugar el pasado 19 de agosto y, según datos de Naciones Unidas, ha provocado hasta el momento la muerte de tres personas y la intoxicación de cerca de 3.000 por la inhalación de gases.

La investigación "intentará determinar si esos residuos están vinculados con una exportación ilegal procedente de Europa y tratará de establecer responsabilidades", indicó hoy esa entidad mediante un comunicado.

Expertos de la Secretaría que vigila la aplicación de la Convención de Basilea sobre el movimiento transfronterizo de desechos contaminantes, bajo la administración del PNUMA, estarán a cargo de las pesquisas.

"En la medida que los flujos de comercio mundial aumentan y que los controles elevan el coste de la eliminación de los residuos tóxicos en los países desarrollados las oportunidades e incentivos para el tráfico ilegal de desechos seguirán creciendo", lamentó el director ejecutivo del organismo medioambiental de la ONU, Achim Steiner.

Las autoridades marfileñas argumentan que permitieron que la embarcación vertiera su carga porque creían que se trataba de aguas residuales. Como consecuencia del escándalo que ha generado ese incidente, el primer ministro de Costa de Marfil ha decidido la disolución del actual Gobierno de transición.

De acuerdo a la Convención de Basilea, cualquier país que exporte desechos tóxicos debe obtener previamente la autorización del país importador. Asimismo, debe contar con un permiso en que se detalle el contenido y el destino de esos residuos y que acompañe la carga durante todo su trayecto. Según la misma normativa internacional, en caso de comercio ilegal, el responsable está obligado a recuperar los desechos y pagar el coste de los daños y de la limpieza que se requiera.

Por su parte, la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de la ONU confirmó hoy haber recibido una petición de ayuda internacional por 13,5 millones de dólares "para dar una respuesta a corto y medio plazo" a esa crisis medioambiental. "Las autoridades nacionales han señalado que no tienen la capacidad para realizar una evaluación completa ni para hacer frente al problema", indicó la entidad.

12/9/06 www.zonaverde.info

 

ENVIARON A UN EQUIPO DE EXPERTOS PARA IDENTIFICAR LOS DESECHOS TÓXICOS DERRAMADOS EN AGOSTO POR UN BUQUE HOLANDÉS

ONU estudia derrame de tóxico en Costa de Marfil

 

Ginebra - La ONU informó hoy de que ha enviado a Costa de Marfil otro equipo de expertos para ayudar al Gobierno de ese país a identificar los desechos tóxicos que fueron vertidos en agosto pasado en Abiyán por un buque holandés, lo que causó la muerte de 6 personas y la intoxicación de al menos 9.000.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) anunció en Ginebra que tres expertos de su unidad de Valoración y Coordinación de desastres (UNDAC) llegaron hoy a Costa de Marfil, para sumarse a la investigación emprendida por el Programa para el Medio Ambiente de la ONU (PNUMA).

El desastre ecológico, que afecta a una zona muy poblada de la capital marfileña, se originó el pasado 19 de agosto, cuando un buque de bandera holandesa, el "Probo Koala", perteneciente a la empresa Trafigura Beheer, vertió su carga tóxica en la zona portuaria de Abiyán.

Según los últimos datos facilitados por el Gobierno marfileño, la contaminación habría provocado la muerte de al menos 6 personas y la intoxicación de cerca de 9.000, que, al haber inhalado gases, sufren síntomas como dolor de estómago, hemorragia nasal y dificultades respiratorias.

Las autoridades marfileñas, que han pedido la ayuda financiera y técnica de la ONU, aseguran que permitieron que la embarcación vertiera su carga porque creían que se trataba de aguas residuales.

Los expertos de la OCHA intentarán ahora "reforzar las capacidades del Gobierno y las de otros organismos en materia, sobre todo, de coordinación técnica, gestión de la información relativa a los desechos tóxicos y medidas sanitarias y de seguridad".

Por su parte, los expertos de la Secretaría que vigila la aplicación de la Convención de Basilea sobre el movimiento transfronterizo de desechos contaminantes -dependiente del PNUMA- iniciaron el pasado fin de semana una investigación para establecer las responsabilidades de las diversas partes que intervinieron en esa crisis medioambiental.

De acuerdo a la Convención de Basilea sobre desechos peligrosos, cualquier país que exporte residuos tóxicos debe obtener previamente la autorización del país importador y debe contar con un permiso en que se detalle su contenido y que acompañe la carga durante todo el trayecto.

En caso de comercio ilegal, el responsable del vertido está obligado a recuperar los desechos y a pagar el coste de los daños y de la limpieza que se requiera.

Además, la Organización de la ONU para el Desarrollo Industrial (ONUDI) ha enviado a Abiyán a un especialista que se encargará de "identificar los desechos tóxicos y de dar una primera opinión sobre las acciones que se deben tomar en materia de descontaminación", según detalló OCHA.

En caso de que las substancias tóxicas estén en la lista de la Convención de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), que prohíbe el empleo de varios de esos productos tóxicos, el experto presentará un plan de urgencia al organismo internacional, que deberá decidir si financia la limpieza del sitio contaminado

www.elpais.com.uy 06/09/11

 
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